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Ea Extranjería AbogadosRecientemente, en concreto el 8 de octubre de 2020, el Tribunal de Justicia de la UE, ha resuelto una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mácula, en donde se dilucidaba un tema de expulsión del territorio nacional iniciado por la Subdelegación del Gobierno de Toledo. El contexto de los hechos es el siguiente: El catorce de enero de 2017, la Comisaría de Talavera de la Reina (Toledo) acordó iniciar expediente sancionador cita previa extranjeria por telefono de expulsión, tramitado a través de procedimiento de carácter preferente, a un ciudadano extranjero de origen colombiano, por una posible infracción del artículo 53, apartado 1, letra a), de la Ley de extranjería.
En la instrucción del expediente, el inmigrante relató haber ingresado en España en 2009, a la edad de diecisiete años, a través de visado y permiso de vivienda expedido a efectos de reagrupación familiar con su madre. Presentó un pasaporte en vigor hasta el 24 de diciembre de 2018, una tarjeta de residencia con vigencia hasta dos mil trece y un empadronamiento en Talavera de la Reina realizado a lo largo de dos mil quince. Aseveró que, durante la estancia en España, había trabajado frecuentemente y aportó múltiples contratos, informe de vida laboral y certificado de libreta bancaria. Declaró carecer de antecedentes penales y tener domicilio fijo en Talavera de la Reina. Aportó también otros documentos, entre ellos un carnet de la biblioteca pública, una tarjeta sanitaria y diversos certificados de cursos y acciones formativas oficiales. Con data tres de febrero de dos mil diecisiete, el Subdelegado del Gobierno en Toledo (en adelante, «Subdelegado del Gobierno») dictó resolución de expulsión contra el ciudadano extracomunitario, basándose en el artículo 53, apartado 1, letra a), de la Ley de extranjería, con prohibición de reingreso en territorio nacional a lo largo de 5 años. A este respecto, el Subdelegado del Gobierno invocó la jurisprudencia del Tribunal Supremo que viene permitiendo la expulsión cuando se sume a la estancia ilegal algún elemento negativo en la conducta del interesado. En el procedimiento primordial, semejantes circunstancias negativas eran que el interesado no justificaba la entrada en España por puesto habilitado ni el tiempo de residencia que llevaba en el Estado miembro, encontrándose plenamente indocumentado. Además de esto, el Subdelegado del Gobierno concluyó que con la expulsión no se le produciría al inmigrante desarraigo familiar, pues no acreditaba vínculos con familiares residentes legales online directa. Contra la decisión de expulsión del Subdelegado del Gobierno, el inmigrante interpuso recurso ante el pertinente Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo. Dicho recurso fue desechado. Contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo el inmigrante presentó recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Este último órgano jurisdiccional expedidor precisa que la interpretación adoptada por el Tribunal Supremo a que se refiere el apartado 16 de la presente sentencia pasó a ser Ley con la modificación legislativa introducida por la Ley Orgánica 2/2009. El órgano jurisdiccional expedidor estima que el Subdelegado del Gobierno incurrió en fallo al aducir circunstancias negativas en la conducta del ciudadano extranjero, puesto que este presentó en el procedimiento un pasaporte en vigor, un visado de entrada en territorio nacional y los permisos de vivienda de que dispuso hasta el momento en que en 2013 dejó de renovarlos, y ya que constan su arraigo social y familiar. En cuanto a la conducta del inmigrante, el órgano jurisdiccional expedidor observa que en autos no consta circunstancia negativa alguna auxiliar a la mera estancia irregular del interesado en España. En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente se plantea las consecuencias que hayan de extraerse de la sentencia de 23 de abril de dos mil quince, Zaizoune (C 38/14, EU:C:2015:260), al examinar la situación del ciudadano extranjero. Indica que, en dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que la Directiva 2008/115 debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro que, cancelar cita de extranjeria en caso de situación irregular de nacionales de terceros países en el territorio de dicho Estado miembro, impone, en dependencia de las circunstancias, o una sanción de multa, o bien la expulsión, siendo ambas medidas excluyentes entre sí. A juicio del órgano jurisdiccional remitente, en el caso de autos, la situación del inmigrante queda regulada por la misma normativa nacional que era de aplicación en el asunto en que recayó la citada sentencia del Tribunal de Justicia.
Añade que, según interpretaba el Tribunal Supremo antes que se dictara esa sentencia, la expulsión del territorio español de nacionales de terceros países que se encontrasen ilegalmente en el Estado miembro solo podía ordenarse si existían motivos adicionales de agravación. El órgano jurisdiccional expedidor señala que, después de que se dictara la sentencia de 23 de abril de 2015, Zaizoune (C 38/14, EU:C:2015:260), el Tribunal Supremo decretó, entre otras en una sentencia de treinta de mayo de dos mil diecinueve, que las autoridades administrativas y judiciales españolas están habilitadas para inaplicar las previsiones de la Ley de extranjería sobre la precedencia de la sanción de multa y la necesidad de motivación explícita de la expulsión por la existencia de motivos agravantes. Con esto, conforme el órgano jurisdiccional remitente, el Tribunal Supremo aplicó directamente la Directiva 2008/115, en perjuicio del interesado y con agravación de su responsabilidad penal, puesto que, a causa de la sentencia de veintitres de abril de 2015, Zaizoune (C 38/14, EU:C:2015:260), los tribunales españoles quedaron obligados a aplicar directamente esa Directiva, incluso en perjuicio de los interesados. El órgano jurisdiccional remitente duda que en el litigio primordial sea posible invocar de forma directa lo dispuesto en la Directiva 2008/115 para ordenar la expulsión del inmigrante incluso cuando no existan motivos agravantes auxiliares a la estancia ilegal del interesado en territorio nacional. Recuerda al respecto la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que descarta la aplicación directa frente a los particulares de lo dispuesto en las directivas, y en particular las sentencias de 26 de febrero de mil novecientos ochenta y seis, Marshall (152/84, EU:C:1986:84), y de 11 de junio de mil novecientos ochenta y siete, X (14/86, EU:C:1987:275). Se refiere, además, a la sentencia de cinco de diciembre de 2017, M.A.S. y M.B. (C 42/17, EU:C:2017:936), que comprende que pone límites a la obligación de interpretación conforme con las directivas, habida cuenta del principio de legalidad de los delitos y las penas. En estas circunstancias, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mácula acordó suspender el procedimiento y proponer al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente: «Si es compatible con la doctrina de ese Tribunal de Justicia de la UE relativa a los límites del efecto directo de las Directivas, la interpretación de su sentencia de 23 de abril de 2015 (asunto C 38/14, Zaizoune) en el sentido de que la Administración y los Tribunales españoles pueden hacer una aplicación directa de la Directiva 2008/115/CE en perjuicio del nacional del tercer Estado, con omisión y también inaplicación de disposiciones internas más ventajosas en materia sancionadora, con agravamiento de su responsabilidad sancionadora y posible omisión del principio de legalidad penal; y si la solución a la inadecuación de la normativa de España a la Directiva no debe hacerse por esa vía, sino más bien por la de una reforma legal, o bien por las vías previstas en el Derecho comunitario para imponer a un Estado la debida transposición de las Directivas.» En definitiva, la cuestión prejudicial en esencia es: si la Directiva 2008/115 debe interpretarse en el sentido de que, cuando la normativa nacional, en caso de situación irregular de nacionales de terceros países en el territorio de un Estado miembro, imponga, o bien una sanción de multa, o bien la expulsión, teniendo en cuenta que la segunda medida solo puede adoptarse si existen circunstancias agravantes en la persona de tales nacionales, auxiliares a su situación irregular, la autoridad nacional competente pueda basarse directamente en lo preparado en la Directiva para adoptar una decisión de retorno y hacer cumplir dicha resolución aun cuando no existan circunstancias agravantes. Resolviendo la cuestión prejudicial planteada, la Gran Sala, precisó que es necesario rememorar que, conforme reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las directivas no pueden, por sí mismas, crear obligaciones a cargo de los particulares, pues los Estados miembros no pueden invocar las disposiciones de las directivas, en su calidad de tales, contra dichas personas (véanse, en ese sentido, las sentencias de veintiseis de febrero de mil novecientos ochenta y seis, Marshall, 152/84, EU:C:1986:84, apartado 48, y de 12 de diciembre de 2013, Portgás, C 425/12, EU:C:2013:829, apartado veintidos). Por tanto, si la normativa nacional que es de aplicación al extranjero en el litigio primordial establece que, a los efectos de dicha normativa, la expulsión de los nacionales de terceros países que se hallen en territorio de España solo puede ordenarse si existen circunstancias agravantes en la persona de tales nacionales, adicionales a su situación irregular, y esa normativa no puede interpretarse conforme a la Directiva 2008/115, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional expedidor, el Estado miembro no podrá fundamentarse de manera directa en dicha Directiva para, a los efectos de lo preparado en ella, adoptar una resolución de retorno respecto del extranjero y hacer cumplir esta aun cuando no existan circunstancias agravantes. En definitiva, la Gran Sala concluyó que: debe responderse a la cuestión prejudicial planteada que la Directiva 2008/115 debe interpretarse en el sentido de que, cuando la normativa nacional, en caso de situación irregular de nacionales de terceros países en el territorio de un Estado miembro, imponga, o una sanción de multa, o bien la expulsión, teniendo presente que la segunda medida solo puede adoptarse si existen circunstancias agravantes en la persona de dichos nacionales, adicionales a su situación irregular, la autoridad nacional competente no podrá fundamentarse directamente en lo preparado en la Directiva para adoptar una resolución de retorno y hacer cumplir dicha resolución incluso cuando no existan circunstancias agravantes. Puede preguntar el documento oficial en el siguiente enlace. Para más información puedes mandar un correo electrónico o bien llamar para pedir una cancelar cita de extranjeria al 910240801.
En la instrucción del expediente, el inmigrante relató haber ingresado en España en 2009, a la edad de diecisiete años, a través de visado y permiso de vivienda expedido a efectos de reagrupación familiar con su madre. Presentó un pasaporte en vigor hasta el 24 de diciembre de 2018, una tarjeta de residencia con vigencia hasta dos mil trece y un empadronamiento en Talavera de la Reina realizado a lo largo de dos mil quince. Aseveró que, durante la estancia en España, había trabajado frecuentemente y aportó múltiples contratos, informe de vida laboral y certificado de libreta bancaria. Declaró carecer de antecedentes penales y tener domicilio fijo en Talavera de la Reina. Aportó también otros documentos, entre ellos un carnet de la biblioteca pública, una tarjeta sanitaria y diversos certificados de cursos y acciones formativas oficiales. Con data tres de febrero de dos mil diecisiete, el Subdelegado del Gobierno en Toledo (en adelante, «Subdelegado del Gobierno») dictó resolución de expulsión contra el ciudadano extracomunitario, basándose en el artículo 53, apartado 1, letra a), de la Ley de extranjería, con prohibición de reingreso en territorio nacional a lo largo de 5 años. A este respecto, el Subdelegado del Gobierno invocó la jurisprudencia del Tribunal Supremo que viene permitiendo la expulsión cuando se sume a la estancia ilegal algún elemento negativo en la conducta del interesado. En el procedimiento primordial, semejantes circunstancias negativas eran que el interesado no justificaba la entrada en España por puesto habilitado ni el tiempo de residencia que llevaba en el Estado miembro, encontrándose plenamente indocumentado. Además de esto, el Subdelegado del Gobierno concluyó que con la expulsión no se le produciría al inmigrante desarraigo familiar, pues no acreditaba vínculos con familiares residentes legales online directa. Contra la decisión de expulsión del Subdelegado del Gobierno, el inmigrante interpuso recurso ante el pertinente Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo. Dicho recurso fue desechado. Contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo el inmigrante presentó recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Este último órgano jurisdiccional expedidor precisa que la interpretación adoptada por el Tribunal Supremo a que se refiere el apartado 16 de la presente sentencia pasó a ser Ley con la modificación legislativa introducida por la Ley Orgánica 2/2009. El órgano jurisdiccional expedidor estima que el Subdelegado del Gobierno incurrió en fallo al aducir circunstancias negativas en la conducta del ciudadano extranjero, puesto que este presentó en el procedimiento un pasaporte en vigor, un visado de entrada en territorio nacional y los permisos de vivienda de que dispuso hasta el momento en que en 2013 dejó de renovarlos, y ya que constan su arraigo social y familiar. En cuanto a la conducta del inmigrante, el órgano jurisdiccional expedidor observa que en autos no consta circunstancia negativa alguna auxiliar a la mera estancia irregular del interesado en España. En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente se plantea las consecuencias que hayan de extraerse de la sentencia de 23 de abril de dos mil quince, Zaizoune (C 38/14, EU:C:2015:260), al examinar la situación del ciudadano extranjero. Indica que, en dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que la Directiva 2008/115 debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro que, cancelar cita de extranjeria en caso de situación irregular de nacionales de terceros países en el territorio de dicho Estado miembro, impone, en dependencia de las circunstancias, o una sanción de multa, o bien la expulsión, siendo ambas medidas excluyentes entre sí. A juicio del órgano jurisdiccional remitente, en el caso de autos, la situación del inmigrante queda regulada por la misma normativa nacional que era de aplicación en el asunto en que recayó la citada sentencia del Tribunal de Justicia.Añade que, según interpretaba el Tribunal Supremo antes que se dictara esa sentencia, la expulsión del territorio español de nacionales de terceros países que se encontrasen ilegalmente en el Estado miembro solo podía ordenarse si existían motivos adicionales de agravación. El órgano jurisdiccional expedidor señala que, después de que se dictara la sentencia de 23 de abril de 2015, Zaizoune (C 38/14, EU:C:2015:260), el Tribunal Supremo decretó, entre otras en una sentencia de treinta de mayo de dos mil diecinueve, que las autoridades administrativas y judiciales españolas están habilitadas para inaplicar las previsiones de la Ley de extranjería sobre la precedencia de la sanción de multa y la necesidad de motivación explícita de la expulsión por la existencia de motivos agravantes. Con esto, conforme el órgano jurisdiccional remitente, el Tribunal Supremo aplicó directamente la Directiva 2008/115, en perjuicio del interesado y con agravación de su responsabilidad penal, puesto que, a causa de la sentencia de veintitres de abril de 2015, Zaizoune (C 38/14, EU:C:2015:260), los tribunales españoles quedaron obligados a aplicar directamente esa Directiva, incluso en perjuicio de los interesados. El órgano jurisdiccional remitente duda que en el litigio primordial sea posible invocar de forma directa lo dispuesto en la Directiva 2008/115 para ordenar la expulsión del inmigrante incluso cuando no existan motivos agravantes auxiliares a la estancia ilegal del interesado en territorio nacional. Recuerda al respecto la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que descarta la aplicación directa frente a los particulares de lo dispuesto en las directivas, y en particular las sentencias de 26 de febrero de mil novecientos ochenta y seis, Marshall (152/84, EU:C:1986:84), y de 11 de junio de mil novecientos ochenta y siete, X (14/86, EU:C:1987:275). Se refiere, además, a la sentencia de cinco de diciembre de 2017, M.A.S. y M.B. (C 42/17, EU:C:2017:936), que comprende que pone límites a la obligación de interpretación conforme con las directivas, habida cuenta del principio de legalidad de los delitos y las penas. En estas circunstancias, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mácula acordó suspender el procedimiento y proponer al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente: «Si es compatible con la doctrina de ese Tribunal de Justicia de la UE relativa a los límites del efecto directo de las Directivas, la interpretación de su sentencia de 23 de abril de 2015 (asunto C 38/14, Zaizoune) en el sentido de que la Administración y los Tribunales españoles pueden hacer una aplicación directa de la Directiva 2008/115/CE en perjuicio del nacional del tercer Estado, con omisión y también inaplicación de disposiciones internas más ventajosas en materia sancionadora, con agravamiento de su responsabilidad sancionadora y posible omisión del principio de legalidad penal; y si la solución a la inadecuación de la normativa de España a la Directiva no debe hacerse por esa vía, sino más bien por la de una reforma legal, o bien por las vías previstas en el Derecho comunitario para imponer a un Estado la debida transposición de las Directivas.» En definitiva, la cuestión prejudicial en esencia es: si la Directiva 2008/115 debe interpretarse en el sentido de que, cuando la normativa nacional, en caso de situación irregular de nacionales de terceros países en el territorio de un Estado miembro, imponga, o bien una sanción de multa, o bien la expulsión, teniendo en cuenta que la segunda medida solo puede adoptarse si existen circunstancias agravantes en la persona de tales nacionales, auxiliares a su situación irregular, la autoridad nacional competente pueda basarse directamente en lo preparado en la Directiva para adoptar una decisión de retorno y hacer cumplir dicha resolución aun cuando no existan circunstancias agravantes. Resolviendo la cuestión prejudicial planteada, la Gran Sala, precisó que es necesario rememorar que, conforme reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las directivas no pueden, por sí mismas, crear obligaciones a cargo de los particulares, pues los Estados miembros no pueden invocar las disposiciones de las directivas, en su calidad de tales, contra dichas personas (véanse, en ese sentido, las sentencias de veintiseis de febrero de mil novecientos ochenta y seis, Marshall, 152/84, EU:C:1986:84, apartado 48, y de 12 de diciembre de 2013, Portgás, C 425/12, EU:C:2013:829, apartado veintidos). Por tanto, si la normativa nacional que es de aplicación al extranjero en el litigio primordial establece que, a los efectos de dicha normativa, la expulsión de los nacionales de terceros países que se hallen en territorio de España solo puede ordenarse si existen circunstancias agravantes en la persona de tales nacionales, adicionales a su situación irregular, y esa normativa no puede interpretarse conforme a la Directiva 2008/115, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional expedidor, el Estado miembro no podrá fundamentarse de manera directa en dicha Directiva para, a los efectos de lo preparado en ella, adoptar una resolución de retorno respecto del extranjero y hacer cumplir esta aun cuando no existan circunstancias agravantes. En definitiva, la Gran Sala concluyó que: debe responderse a la cuestión prejudicial planteada que la Directiva 2008/115 debe interpretarse en el sentido de que, cuando la normativa nacional, en caso de situación irregular de nacionales de terceros países en el territorio de un Estado miembro, imponga, o una sanción de multa, o bien la expulsión, teniendo presente que la segunda medida solo puede adoptarse si existen circunstancias agravantes en la persona de dichos nacionales, adicionales a su situación irregular, la autoridad nacional competente no podrá fundamentarse directamente en lo preparado en la Directiva para adoptar una resolución de retorno y hacer cumplir dicha resolución incluso cuando no existan circunstancias agravantes. Puede preguntar el documento oficial en el siguiente enlace. Para más información puedes mandar un correo electrónico o bien llamar para pedir una cancelar cita de extranjeria al 910240801.
Para ello deberemos llamar en horario de lunes a viernes laborales de 9 a 14 h. al teléfono oficial de información del SEPE, el gratuito 900 81 veinticuatro cero . Se puede llamar a los, que tienen el coste de una llamada interurbana.Cuando llame a los teléfonos del SEPE, bien al novecientos ochocientos doce mil cuatrocientos o bien a los provinciales, escuchará un sistema automatizado que le señalará distintas opciones. Debe seleccionar la opción de (prestaciones). Al final de la locución le pasarán con un agente que le solicitará su código postal y el documento nacional de identidad, para verificarlo y poder recordarle la 
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Y la sanción en ese sentido es severa, pues es una infracción a la ley de extranjería. Puede incluso llegar a suponer una sanción penal por promuevo de inmigración irregular. Aun a la persona irregular se le puede emitir un expediente de expulsión; lo que crea inconvenientes para ambas partes.Así que observa. Primero habla con la persona a la que invitarás. Si te dice y estás seguro de que no desea quedarse en un largo plazo en España irregularmente, haz la carta. Mas de modo contrario, evita el trámite.
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Renovar El Dni En GandíaEl documento nacional de identidad es el documento de identificación oficial de España. Es un documento obligatorio de carácter personal y también intransferible. Su titular está obligado a mantenerlo en vigor y custodiarlo con la mayor diligencia posible.
En cualquier punto de expedición del listado se puede conseguir el documento por primera vez o renovarlo en caso de caducidad, hurto o bien extravío. Si el motivo de hacer la renovación es la caducidad, es esencial indicar que sólo se podrá hacer a lo largo de los noventa días precedentes a la fecha límite de caducidad señalada en el documento.Cómo obtener cita previa documento nacional de identidad en GandíaCita previa por internetPara evitar colas y esperas se puede conseguir cita anterior on-line a través de la página oficial del ministerio preparada para ello. Asimismo se puede pedir vez previa contactando con cualquiera de las oficinas o puntos de expedición que mostramos listados a continuación.Cita previa por teléfonoSi desea pedir cita anterior para renovar el documento nacional de identidad telefónicamente, consulte la información de contacto en cualquiera de los centros que se hallan ahora. Asimismo puede consultar este teléfono desde la página oficial del ministerio. Ante cualquier duda aconsejamos ponerse en contacto con el centro deseado.Documentación necesaria para el documento de identidad en GandíaDocumentación necesaria para renovar el DNI
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– Presentación de reclamación ante el Consorcio de Seguros.– Adhesión a la posible Demanda Colectiva al Consorcio de Seguros demandando la incorporación del Covid19 como causa que motiva indemnización por Lucro Cesante.CONTRATACIÓN ADICIONAL A PACTAR:– Demanda al Consorcio de Seguros de Forma Colectiva*RESULTADO INCIERTO:Este despacho advierte del resultado dudoso del procedimiento judicial empezado al Consorcio, como de la duración del mismo. En este sentido, deseamos dejar constancia de que las explicaciones ofrecidas han sido suficientes y por lo tanto es usted como cliente del servicio quien asume el resultado dudoso de este procedimiento.Indicarle, 
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Asesoramos a nuestros clientes a través del proceso de la naturalización. Las personas naturalizadas son aquellas que consiguen la ciudadanía de forma legal sin haber nacido en los USA. No obstante, para llenar el proceso se requiere que tome un examen de inglés, uno de civismo, que tenga la vivienda permanente legal por 3 a cinco años y que tenga una buena reputación ética antes de solicitar la ciudadanía. Hay flexibilidades para los individuos de determinado rango de edad. Su letrado de inmigración de Los Ángeles CA le va a explicar si posiblemente algo de su pasado le haga inelegible para la ciudadanía, pero por lo general, nuestros abogados pueden hallar una forma de solucionar semejantes inconvenientes. El gobierno de los USA procesa a los individuos en las cortes de inmigración ya antes de la deportación. Nuestros abogados son especialistas en eludir que esto ocurra. 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